Bruselas, 18 nov (EFE).- La aprobación del Kimberley Process en 2002 logró reducir el comercio de "diamantes de sangre", como se denomina a los utilizados para financiar guerras en África, pero el trabajo infantil y la ausencia de derechos laborales siguen estando detrás de la extracción de este mineral.

Así lo aseguraron a Efe Serge de Backer y Marie d'Huart, los fundadores de My Fair Diamond, una compañía que se dedica a la venta de "diamantes éticos", aquellos que pueden garantizar por completo su trazabilidad.

"Todos nuestros diamantes se compran en minas que cumplen con el estándar Mandeleo de la ONG Iniciativa por el Desarrollo a través del Diamante (DDI por sus siglas en inglés)", explicó d'Huart, auditora social con experiencia en la asesoría de la industria del diamante.

El Esquema de Certificación del Proceso de Kimberley (KPCS), acordado entre 69 países en 2002, redujo el tráfico de diamantes en bruto procedentes de zonas de conflicto hasta un testimonial 0,2 % del total.

Sin embargo, tal y como denuncian desde My Fair Diamond, "el KPCS tan solo se aplica cuando la venta de diamantes se usa para financiar a rebeldes que pretenden derrocar a gobiernos legítimos".

De esta forma, diamantes extraídos en zonas en las que se vulneran derechos sociosanitarios de los trabajadores o se utiliza mano de obra infantil pueden seguir siendo comercializados, situación que denuncia también la ONG Global Witness.

"Muchas voces dentro de la industria del diamante están pidiendo que el KPCS se amplíe para atender también al cumplimiento de los derechos laborales", afirmó d'Huart.

En caso de que ese objetivo se lograra, la cuestión sería cómo enfocar su implementación y su control "para que no se quede en un deseo vacío".

A día de hoy, My Fair Diamond trabaja con trece minas artesanales de Sierra Leona que cumplen el estándar Mandeleo de DDI, aunque no descartan extender sus compras a Guinea o la República Democrática del Congo "cuando hayan sido certificados desde un punto de vista ético".

La primera colección de la empresa nació este mismo año después de que en 2015 el Consejo CAP -una sociedad enfocada al desarrollo sostenible- acordase su lanzamiento con el Centro del Diamante de Amberes (AWDC), ciudad por la que pasa el 84 % de los diamantes en bruto del mundo.

El comercio de diamantes no está exento de polémica: la propia ONG Global Witness se retiró como observador del Kimberley Process en 2011 alegando que no había cumplido su propósito y que no facilitaba "la seguridad necesaria para asegurar cuando no se está ante diamantes de sangre".

Marie d'Huart indicó que los estándares del KPCS no recogen situaciones como la financiación de dictaduras a través de la extracción y el comercio de diamantes.

También existen críticas a la industria por su reparto de beneficios, como la del presidente de Zimbabue -uno de los principales productores de diamantes-, Robert Mugabe, quien denunció en 2016 que su país tan solo "recibió 2.000 millones de dólares por el comercio de diamantes cuando los beneficios ascendían a unos 15.000 millones".

En este sentido también se manifestó el ministro de Recursos Minerales de Sudáfrica, Godfrey Oliphant, durante la celebración esta semana en Bruselas de la Conferencia Africana del Diamante (ADC), asegurando que "la mayor parte de los beneficios se van lejos de África".